El mes de febrero del año 2011 va a pasar a la historia vinculado al binomio de términos medidas-empleo. En la primera quincena del mes en curso se publicó el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, en el que se contenía el paquete de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. En la segunda quincena el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, pone en marcha un conjunto de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.

Ambos acontecimientos se enmarcan en el Acuerdo Social y Económico suscrito entre el Gobierno y los interlocutores sociales para favorecer el crecimiento, la creación de empleo y garantizar las pensiones. Dicho acuerdo, a su vez, preveía la reforma de las políticas activas de empleo para posibilitar la mejora del mercado de trabajo y de la empleabilidad de las personas que buscan empleo.

La transformación del contexto económico marcado por la crisis y la progresiva destrucción de puestos de trabajo, pone en evidencia la insuficiencia de unas políticas activas de empleo que nacieron y se desarrollaron en un contexto de crecimiento y estabilidad económica. De aquí la necesidad de una reforma de las mismas para adaptarlas a la realidad del mercado laboral.

Esta reforma de las políticas de empleo descansa en el principio de la igualdad, desarrollado en dos direcciones:

• Como acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos y gratuitos de empleo para toda la ciudadanía.
• Como acceso, en igualdad de oportunidades, al mercado de trabajo y, por consiguiente, al empleo.

El Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, establece los destinatarios prioritarios de las medidas:

• Jóvenes, con especial atención a aquellos que poseen un déficit de formación.
• Mayores de 45 años.
• Personas con discapacidad.
• Personas en riesgo de exclusión social.
• Parados de larga duración.
• Mujeres.
• Desempleados procedentes del sector de la construcción.

Estas medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas de empleo tienen como objetivo principal atender a las personas desempleadas, procurarles una atención personal y profesional y ayudarles a mejorar su cualificación profesional y su empleabilidad para reincorporarlos al mercado de trabajo.